En un importante desarrollo legal, la supervisora del Condado de Cochise, Peggy Judd, se declaró culpable de retrasar la certificación de las elecciones de 2022, anunció el lunes la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes. Judd, una republicana, admitió no haber realizado el escrutinio de las elecciones como lo exige la ley y aceptó un acuerdo de culpabilidad, lo que resultó en un cargo de delito menor de Clase 3 por «Falta o Negativa a Cumplir con el Deber por un Oficial Electoral».
La Fiscal General Mayes enfatizó la importancia de mantener la integridad electoral, afirmando: «Cualquier intento de interferir con las elecciones en Arizona no será tolerado. Este acuerdo de culpabilidad sirve como un fuerte recordatorio de que utilizaremos todas las herramientas disponibles para defender el estado de derecho.»
La declaración de culpabilidad de Judd viene acompañada de una libertad condicional no supervisada de no menos de 90 días y una posible multa de hasta $500. El caso se deriva de la negativa inicial de Judd y del supervisor republicano Tom Crosby a certificar los resultados de las elecciones de 2022, a pesar de una orden judicial. Aunque Crosby se mantuvo desafiante, Judd finalmente votó para certificar junto a un supervisor demócrata después de la intervención legal.
Este caso destaca la tensión en torno a las elecciones de Arizona, ya que la misma Mayes fue elegida en 2022 en medio de desafíos legales de su oponente del GOP, Abe Hamadeh, quien impugnó sin éxito los resultados.
