En una decisión importante que podría moldear el futuro de las batallas por la elegibilidad de los votantes a nivel nacional, un juez federal ha bloqueado los esfuerzos de Virginia para eliminar a los sospechosos no ciudadanos de sus listas de votantes justo cuando comienza la votación anticipada. El tribunal citó posibles violaciones de la ley federal, que prohíbe las purgas masivas de listas de votantes dentro de los 90 días previos a una elección. La decisión del Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito ha provocado un intenso debate, alimentando especulaciones de que el caso podría llegar ahora a la Corte Suprema.
La decisión del tribunal impide que Virginia realice purgas masivas de votantes basadas en la sospecha de no ciudadanía, pero aclara que el estado aún puede salvaguardar la integridad electoral cancelando registros de manera individual o procesando a los no ciudadanos que se encuentren votando. Los líderes republicanos, incluido el ex presidente Donald Trump, han apoyado el caso, argumentando que la votación de no ciudadanos—aunque rara—representa un riesgo significativo para las elecciones justas. Trump y sus seguidores sostienen que el bloqueo del juez debilita las protecciones necesarias contra el fraude electoral, una preocupación que argumentan no se aborda completamente solo con cancelaciones específicas.
Por otro lado, los defensores de los derechos civiles y los grupos de derechos de voto argumentan que las purgas sistemáticas a menudo eliminan por error a votantes elegibles de las listas, afectando desproporcionadamente a las comunidades minoritarias. La decisión del juez federal, afirman, protege los derechos de los votantes elegibles, permitiendo un acceso justo a la boleta sin la amenaza de despojo accidental en la prisa por purgar a los sospechosos no ciudadanos.
A medida que comienza la votación anticipada en Virginia, la decisión ya ha intensificado las divisiones políticas. Si se apela, una revisión de la Corte Suprema podría establecer un precedente nacional, determinando cómo los estados pueden manejar la votación de sospechosos no ciudadanos en futuras elecciones.
