La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una demanda federal, acusada de una campaña para silenciar a los defensores de los derechos al aborto antes de una votación sobre la Enmienda 4, que protegería el acceso al aborto en el estado. La demanda, presentada por el grupo de defensa Floridians Protecting Freedom, sostiene que el equipo de DeSantis empleó «amenazas coercitivas» al advertir a las emisoras sobre posibles acusaciones penales si transmitían anuncios a favor de la Enmienda 4. Estos anuncios presentan a Caroline, una sobreviviente de cáncer cuya vida se prolongó gracias a la atención de aborto, describiendo su lucha mientras la reciente prohibición del aborto de seis semanas del estado impide que otras mujeres tomen decisiones médicas similares.
Las tácticas de presión de la administración supuestamente llevaron a al menos una estación a retirar el anuncio. Esta demanda destaca las acusaciones de «interferencia gubernamental inconstitucional» destinada a descarrilar el impulso de la enmienda a medida que se acerca la votación anticipada. El reciente establecimiento por parte de DeSantis de una fuerza de «policía electoral», acusada de atacar a los peticionarios pro-Enmienda 4 con acusaciones de fraude, aumenta aún más las tensiones. Los defensores argumentan que las amenazas de Florida ponen en peligro la expresión política fundamental y podrían llevar a intentos de impugnar o subvertir los resultados electorales si la enmienda es aprobada.
